Todo el mundo sabe y conoce, o debiera saber y conocer, que la única acción vigente por la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 fue iniciada por el Dr. Ricardo Mónner Sans, a la que adherí a título personal.Dr. Jorge G. RizzoPresidente de la Organización de Abogados“GENTE DE DERECHO”

(Cuarto Intermedio – 28 de abril de 2010)- Que uno de los primeros actos de mi gobierno fue sumar a nuestro recuperado Colegio a dicha acción (a pesar de la salvaje oposición de muchos que hoy se rasgan las vestiduras por aquella situación y que nada hicieron en salvaguarda del estamento de la Abogacía) y que, justamente la participación activa y las fundamentaciones en las etapas recursivas del proceso del Colegio, la convirtieron en la única viable para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluyendo para su admisibilidad al dictamen del mismísimo Procurador General. Desde mediados de 2007, lamentablemente, nuestra acción duerme el sueño de los justos en los despachos de los Ministros del máximo Tribunal de Justicia argentino.En los últimos meses, hemos advertido con honda preocupación que, a nuestro entender, no se ha tomado conciencia de la necesidad de construir en materia del Consejo de la Magistratura y, que la ciudadanía se encuentra inmersa en una maraña de vanidades y caprichos, tanto del oficialismo como de la oposición, a quienes en realidad los imbuye una suerte de gatopardismo, tratando de hacernos creer que buscan el cambio, pero haciendo en realidad todo lo que esté a su alcance “para que nada cambie”.En efecto, solo se encuentran dos dictámenes en tratamiento. Por un lado el proyecto del diputado Alejandro Rossi, a nuestro entender pura pirotecnia del Gobierno Nacional al solo efecto de confundir la atención en el tema, en orden a la marcada inviabilidad de proyecto del santafesino quien plantea cuestiones inaplicables por su manifiesta irracionalidad a todas luces evidentes.Por el otro lado, se encuentra un dictamen de la mayoría opositora que plantea un proyecto que “recoloca” al presidente de la Corte a cargo del Consejo, produciéndose una expresa subordinación de éste último al Alto Tribunal, desnaturalizando definitivamente al órgano democrático creado por la reforma constitucional de 1994, atento que lo sume en un vasallaje imposible de admitir al estamento judicial.En orden a todo ello, el Colegio que hasta el 31 de mayo presido, ha presentado un proyecto serio y consensuado. En el han participado: nuestro Instituto de Derecho Constitucional, abogados empleados de nuestra Institución, los vicepresidentes, el presidente electo, el prosecretario y el suscripto, todos de manera personal y mancomunada.Nuestra propuesta fue tomar lo mejor de la reforma de la entonces senadora por la Provincia de Buenos Aires y hoy Presidente, Dra. Cristina Fernández, y las propuestas de la oposición política para así destrabar las discrepancias y conseguir el consenso. Creemos seriamente que toda la reforma no ha sido desechable y que tampoco todas las pretensiones de la oposición son descabelladas. Decidimos tomar aquello que sumara en aras del mejoramiento y la consecución de la excelencia del organismo.Como era de esperar, a nadie le interesó nuestro proyecto.La conclusión es unívoca: el oficialismo intenta confundir y la oposición sabe que, de aprobarse el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, lo vetará, no pudiendo volver a ser tratado a en las sesiones del corriente año por el Congreso.Como corolario podría parangonarse en la situación, al oficialismo y a la oposición, como dos formaciones ferroviarias que circulan a 200km/h por la misma vía y en sentido opuesto, sin frenar ninguna de ellas y, en el medio nos encontramos aquellos que pretendemos, honestamente, el mejoramiento y la democratización del Poder Judicial. La pregunta final es si a las partes en pugna les interesa, realmente, conseguir un Consejo de la Magistratura que pueda cumplir con estos objetivos.