La medida establece la reglamentación del régimen de transparencia fiscal, que entrará en vigencia desde el 1° de enero. En esta primera etapa, obliga a las grandes compañías a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales.
Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre pasado, cuando entró en vigencia la Resolución 267/2024 por la cual se había determinado la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos.
Por medio de la Resolución 267/24, la Secretaría de Industria y Comercio determinó que las facturas y comprobantes no podrán incluir cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. Es decir, no se podrán incluir otros cargos como tasas e impuestos.
La entidad se mostró a favor del “gradualismo” impulsado por el Gobierno en las subas de las tarifas, aunque aclaró que se debería realizar un rebalanceo en las facturas de las grandes empresas. Además, pidió el compromiso de los gobernadores para eliminar los “insólitos” impuestos locales.