La Legislatura de Misiones saldó una vieja deuda al adherir a la ley nacional de Salud Mental (sancionada en 2010), que reconoce a las personas que tengan padecimientos de este tipo los derechos a ser tratadas con las alternativas terapéuticas que menos restrinjan sus derechos, ser acompañados en el tratamiento, no ser discriminadas por su situación y tomar decisiones relacionadas con su atención.