La medida adoptada por el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, se dictó a partir de las graves consecuencias generadas por la tormenta y las inundaciones que afectaron a gran parte de esa ciudad bonaerense.
Tal como sucediera en Santa Fe, el Gobierno creó el Comando Unificado Córdoba con el propósito de llevar adelante tareas orientadas a la prevención y control del delito. Estará integrado por distintas fuerzas de seguridad.
En una misiva dirigida al Ministerio de Justicia, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, pidió por la asignación de recursos necesarios para la implementación progresiva del sistema acusatorio en los distritos de todo el país.
Los abogados Carlos Varela Álvarez y Alejandro Acosta presentaron ante la Fiscalía de Delitos No Especializados una nueva denuncia contra el Gobierno provincial por el “escándalo” del subsidio de 18 millones de pesos otorgado al pastor Héctor Bonarrico.
El Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca indagó a Ernesto Emilio Ramón Etchart, quien fue capturado en Ushuaia tras permanecer prófugo de la Justicia. Está acusado por secuestros y torturas contra 16 víctimas, y por violencia sexual en perjuicio de una mujer durante la dictadura.
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, según lo establecido en el artículo 144 inciso 9 de la Constitución Provincial, envió a la Legislatura el pliego que propone a la abogada Bettina Croppi como fiscal General Adjunta del Ministerio Público Fiscal.
En línea con los últimos informes epidemiológicos por la pandemia por el COVID-19, se resolvió que a partir del 1º de abril se retome con la actividad habitual en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal. Además, se especificó que sólo se autorizará el teletrabajo en aquellos casos excepcionales.
La fiscalía que actúa ante el Juzgado Federal N°1 porteño y ante la Cámara Nacional Electoral comunicó que permanecerá abierta los días 12, 13 y 14 de noviembre, de 8 a 18 horas, para la recepción de denuncias y consultas en forma presencial relacionadas a los comicios legislativos.
Entre el 17 de agosto y el 1º de octubre pasado, la Dirección General de Acceso a la Justicia recibió 1.459 consultas tras la vuelta al trabajo presencial en los territorios donde presta su atención funcional. La variable “Pobreza” representó el factor de vulnerabilidad más alto en los casos.
El fiscal de la causa pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a uno de los acusados por el homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor, Miguel Yadón, ocurrido en mayo del 2019. También requirió 45 años de reclusión para la otra persona involucrada en el hecho.