De acuerdo a lo consignado por la administración porteña, hubo un buen acompañamiento en la Ciudad de Buenos Aires a las nuevas medidas sanitarias emitidas por el Gobierno nacional que comenzaron a regir a las 0 horas del viernes 9 de abril, y que se extenderán hasta el 30 del corriente mes.
La medida será de aplicación para todas las tarjetas S.U.B.E., nominalizadas o no, que registren usos en el transporte público automotor de pasajeros interjurisdiccional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Dicha sanción no implicará la pérdida del saldo o los beneficios que se encuentren asociados a las tarjetas.
Tras la nueva extensión de la cuarentena se solicitó a los pasajeros que desempeñan tareas esenciales y que no hayan registrado su tarjeta, que agreguen la misma en el permiso de circulación para evitar inconvenientes dado que se suspenderán las que no estén declaradas que hayan registrado viajes durante más de 2 días consecutivos.
Durante su participación en el foro de la Fundación Metropolitana, el ministro de Transporte nacional manifestó que tienen innumerables desafíos y oportunidades para poder rediseñar el transporte público a partir de lo sucedido con la pandemia del coronavirus. Además, destacó que durante la misma se tomaron medidas concretas en el sector.
Un análisis realizado al sistema SUBE sobre los viajes realizados a través de trenes, colectivos y subtes, arrojó que hubo un alto acatamiento de la población a la disposición del Gobierno nacional de establecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del Covid-19.
El Jefe de Gabinete y el ministro de Transporte confirmaron que suspenderán por ese período los aumentos de las tarifas de los colectivos y trenes para toda el área metropolitana. Durante ese tiempo, además, revisarán la política de subsidios. “La lógica de las políticas de subsidios no es subsidiar a empresas, sino al pasajero”, enfatizaron.
En Neuquén, los diputados provinciales acordaron aprobar en las próximas sesiones un proyecto de ley para prohibir que los kiosqueros cobren un monto extra por cargar la SUBE y otras tarjetas prepagas. El proyecto plantea multas de hasta cinco millones de pesos en casos de incumplimientos.
El expediente que desembocó en la contratación de Global Infrastructure (GI), del empresario británico Stephen Chandler, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Latasa y González Fischer…