La Corte Suprema confirmó la realización de un nuevo juicio oral contra cuatro acusados de haber asesinado a un custodio de la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, durante una “entradera” en la localidad bonaerense de Castelar en febrero de 2013.
Así lo dispuso el Tribunal de Justicia encargado de llevar a cabo el proceso contra el ex vicepresidente, quien junto a otras personas está siendo juzgado en una causa por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil.
El juez Claudio Bonadio dispuso el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para el gasoil de colectivos. Junto a él, también fueron procesados otros ex funcionarios.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó que un juez mayor de 75 años de edad abandone el cargo, en sintonía con un fallo de la Corte Suprema que avaló ese límite etario previsto por la Constitución Nacional reformada en 1994.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Capital Federal comenzó la segunda rueda de alegatos del juicio oral en el que el ex vicepresidente está acusado de ser cómplice del delito de “falsificación ideológica” por irregularidades en la trasferencia de un automóvil.
Una oficial notificadora del Poder Judicial bonaerense se negó a entregar una cédula en el marco de una causa porque el destinatario vive en “una zona de alta peligrosidad” a la que sólo acceden fuerzas policiales “con chalecos antibalas y armas largas”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que se opuso al otorgamiento de un retiro por invalidez a un trabajador con disminución visual, hipertensión arterial, limitación funcional de la columna y cáncer de próstata.
La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario santacruceño que cuestionaba la entrega, en carácter de depositaria judicial, a la Dirección Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA.
La Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro años de prisión a un agente del Servicio Penitenciario Federal por lesiones gravísimas a un detenido, hecho ocurrido hace casi una década en la cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz.
El ex vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzará a ser juzgado por el delito de “falsedad ideológica”, tras ser acusado de adulterar documentación para la transferencia de un vehículo.