La Justicia en lo Penal Económico le concedió al ex jefe de la Aduana de Buenos Aires, Edgardo Rodolfo Paolucci, una nueva posibilidad de obtener la prisión domiciliaria por el COVID-19. Semanas atrás, se le había rechazado esa posibilidad.
La Justicia en lo Penal Económico se sumó a los tribunales que sistemáticamente vienen rechazando los pedidos de prisión domiciliaria de imputados que argumentan el riesgo de coronavirus.
En el marco de la pandemia por el coronavirus, las dependencias del territorio nacional continúan garantizado el acceso a Justicia de la población a través de medidas preventivas, servicios presenciales y/o remotos y el seguimiento en red de los casos con otros organismos del Estado.
Un singular personaje de la historia más oscura de la Argentina fracasó en su intento de obtener la prisión domiciliaria bajo el pretexto de la pandemia por el coronavirus.
Nuevo revés judicial para uno de los imputados en la causa por presunto lavado de dinero de los integrantes del Grupo Austral, encabezados por el empresario Lázaro Báez: el tribunal oral federal número cuatro volvió a rechazar la excarcelación, bajo cualquiera de sus formas y fianzas, del abogado Jorge Chueco.
Un abogado inició un petitorio colectivo a la Corte Suprema de Justicia para que adopte la modalidad de “teletrabajo” para reactivar la actividad judicial, actualmente reducida sólo a asuntos impostergables como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus.
Algunos de los tribunales del país continuan rechazado a granel los pedidos de prisión domiciliaria de aquellos detenidos que invocan el riesgo de contraer coronavirus en los penales.
Un presunto narco mexicano condenado por el contrabando de dos toneladas de cocaína obtuvo la posibilidad de morigerar su detención en el marco de la pandemia por el coronavirus.
Entre quienes fracasaron en su intento de pasar a cumplir prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus figura Cristian Carro Córdoba, condenado por múltiples secuestros, entre ellos el de Cristian Schaerer, hijo del ex ministro de Salud de Corrientes, Juan Pedro Schaerer, en septiembre de 2003.
Un juez de la Capital Federal le ordenó al Gobierno porteño que “adopte las medidas necesarias para prevenir contagios y se les proporcione una adecuada protección a los docentes (que atienden comedores escolares) mediante la entrega de elementos de protección personal”.