Dos hermanos que intentaron estafar a un anciano haciéndole creer que sus dólares perderían el 80 por ciento de su valor por una decisión del Gobierno, fueron detenidos y encarcelados gracias a que la presunta víctima advirtió la maniobra.
La Prefectura Naval Argentina escoltó al ex vicepresidente de la Nación hasta el despacho del juez Lijo para ser notificado e indagado en la causa donde se lo investiga por presunto “enriquecimiento ilícito”.
La Prefectura ingresó a su domicilio de Puerto Madero para proceder con la orden del juez Lijo. Se trata de la causa en la que se lo investigaba por distintas operaciones de lavado de dinero realizadas durante el blanqueo del año 2009.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, declararon inadmisible un recurso extraordinario presentado por el ex Jefe del Ejército. Se trata de la causa en la que está acusado por tormentos contra Pedro y Ramón Olivera.
La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de la ex Presidenta y además la embargó por 10 mil millones de pesos. De esta manera, quedó habilitado el camino para la realización del juicio oral y público.
La Cámara del Crimen excarceló a un ciudadano peruano cuyo domicilio se desconoce, quien borracho intentó cometer un robo pero fracasó por su estado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de un ex cabo de la policía de Córdoba en la causa en la que fue condenado a 12 años de prisión por su complicidad en el homicidio de seis presos políticos, hecho registrado en la capital provincial en mayo de 1976.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 reanudó el proceso por el cual están siendo juzgados Julio De Vido y Jorge Gustavo Simeonoff por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado y defraudación a la administración pública.
El ex vicepresidente de la Nación acudió nuevamente a los tribunales de Comodor Py donde continúa el proceso en su contra por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica.
El ex secretario de Comercio Interior, además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Al igual que el resto de los condenados, deberá devolver el dinero que había sido empleado para la campaña contra el multimedios.