La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Estado Nacional entregar certificaciones de servicios al ex subsecretario del Consejo de Agua Potable, Mario Caserta, para que el ex funcionario de la gestión presidencial de Carlos Menem pueda realizar trámites jubilatorios.

Al ratificar la resolución dictada en primera instancia, la Sala IV del tribunal fijó en 20 días el plazo para que el Estado cumpla con la obligación que, como empleador, le impone la ley 24.241.

La norma establece que, a pedido de los dependientes o cuando se extingue la relación laboral, los empleadores deben entregar las certificaciones de servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos, y “toda otra documentación necesaria” para el reconocimiento de cualquier prestación.

El Estado se había opuesto a la acción de amparo promovida por Caserta alegando que el ex funcionario no probó la supuesta relación de trabajo, ya que su designación en cargos públicos no implicaba la efectiva realización de tareas.

De tal manera, sostuvo el Estado, la sentencia que condena a entregar certificaciones de servicios, con detalle de remuneraciones, “es -indicó- de imposible cumplimiento” y remarcó la “inexistencia de registros” sobre los datos requeridos.

Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti afirmaron que Caserta -quien estuvo implicado en la causa por lavado de dólares conocida como “Yomagate”- demostró haber sido designado en cargos públicos y, a partir de ello, es el Estado quien debió probar que no hubo pago de haberes con retención de aportes.