Con 131 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados nacional aprobó, en general, el proyecto de responsabilidad penal empresaria contra la administración pública, tras un debate que duró alrededor de siete horas.
De esta manera, el texto de autoría del Poder Ejecutivo, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 5 de julio para que cada uno de sus artículos sea votado en particular, previo a que sea girado al Senado.
El proyecto original de responsabilidad empresaria fue elaborado por la Oficina Anticorrupción con la colaboración de especialistas, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas incluye -según el texto de la norma- a sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, nacionales o extranjeras, tengan o no participación estatal. Además, establece fuertes multas y hasta la prohibición de participar en licitaciones públicas.
Por otra parte, entre las sanciones para quien fuera hallado culpable de cometer el delito se establecen multas del 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales de la persona jurídica, y también se prevé la posibilidad de acuerdos de colaboración con “informantes” que atenúen las sanciones o excluyan de la responsabilidad.
