Unidad Ciudadana se pronunció tras la detención de Amado Boudou

El espacio político liderado por la ex Presidenta publicó un escrito por el cual advirtió que está en riesgo la democracia del país luego de la noticia de la detención de quien fuera su ex vicepresidente y ministro de Economía. Por Cuarto Intermedio

En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”, comienza el artículo difundido por Unidad Ciudadana y también por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus redes sociales, donde además denunciaron la “delicada situación” que atraviesa la democracia nacional, donde se ha vulnerado o se ha terminado -aseguraron- el Estado de Derecho y la división de poderes.

Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional”, continúa.

Asimismo remarcaron que en la última semana, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación (Dra. Alejandra Gils Carbó), y que además suspendió “a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado”, el Dr. Luis Arias (Juez en lo contencioso de La Plata).

Por otra parte, en el texto de Unidad  Ciudadana se refirieron a la situación de Amado Boudou: “En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del ex vicepresidente, Amado Boudou, por un posible `entorpecimiento´ a la Justicia. Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse”, acusaron.

En esa línea, recordaron que Macri se encuentra imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. “Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente. En este punto es claro que la actual situación procesal del Presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente”, agregaron.

Desde el espacio político liderado por la ex mandataria también remarcaron que resulta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga, por lo que se trata de una “clara maniobra intimidatoria y extorsiva” que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, “que arruina economías regionales y encarece consumos populares”.

Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general”, señalaron.

Por último en el escrito reafirmaron que nunca se opusieron, ni que se opondrán, a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, “en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho”.