“Destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales”, afirmó la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Laura Stratta.

“Es rol del Estado garantizar derechos, por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria”, concluyó.

Por su parte, la senadora por Diamante, Claudia Gieco (PJ), aseguró que el proyecto “se trabajó con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que las personas trans continúan con dificultades en los derechos a la salud y educación”.

Esos “obstáculos estructurales” complican el “acceso al trabajo formal”, agregó, y destacó que “va en consonancia” con las políticas del Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La norma “da respuesta a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa”, agregó Gieco.

El proyecto establece un principio de “no discriminación donde toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias, protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.