La iniciativa “incluye a los vehículos destinados al transporte de personas y cargas, sean estos automóviles, ómnibus, camiones, trenes, bicicletas, naves acuáticas o cualquier otro sistema de movilidad”.

El instrumento es necesario para establecer una paulatina transición del transporte que usa “recursos no renovables como los combustibles fósiles”, hacia tecnologías basadas en “energías más limpias”, como la eléctrica, las celdas de combustible como el hidrógeno, o cualquier desarrollo futuro.

El sector del transporte representa un 13,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el país, además de un 30,9% del consumo final de los recursos energéticos. En ese sentido, “es necesario implementar políticas públicas tendientes al uso racional y eficiente de la energía en este sector”, destaca el comunicado oficial.

La intención es la de “garantizar el cumplimiento de condiciones técnicas, la compatibilidad de las estaciones de recarga en todo el país y la interoperabilidad a nivel regional”.

También, “se garantiza el derecho de cargar el propio vehículo en el domicilio particular, teniendo en cuenta que la carga doméstica es la principal opción para los propietarios”.