La nueva ley de autos judicializados señala que “los automotores secuestrados en causas penales serán entregados en el término de treinta días por el juez o fiscal de Instrucción, definitivamente o en depósito, a sus propietarios, poseedores o legítimos tenedores”. “Si éstos -continúa- no pudiesen ser individualizados o hallados al vencimiento del término, deberán ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, el que, mediante resolución fundada, podrá asignarlos en depósito gratuito con carácter provisorio y exclusivo para el uso del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y de las Fuerzas Armadas y de seguridad, conforme sus funciones y requerimientos”.

Además, puntualiza que “también podrán ser asignados, mediante resolución fundada, a fundaciones o asociaciones civiles de bien público -con personería jurídica- para el cumplimiento de sus objetivos específicos, conforme los requisitos y el procedimiento que fije el Tribunal Superior de Justicia”.

La ley fue sancionada luego de que el ex presidente provisorio de la Cámara, el peronista Oscar González, protagonizara un accidente en el que falleció una mujer y dos jóvenes quedaron seriamente lesionadas. El choque ocurrió mientras el legislador manejaba un auto judicializado.