Tras las denuncias de presunta corrupción en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de barbijos por parte del Gobierno porteño, la Corte Suprema decidió que sus adquisiciones de insumos deberán regirse por el nuevo decreto presidencial que obliga a respetar los precios máximos fijados por el Poder Ejecutivo.