Desde fines de 2006 venimos impulsando esta iniciativa popular, y el mecanismo para su aprobación ya se puso en marcha cuando entregamos más de 320.000 firmas que la avalan ante la Cámara nacional Electoral, que ahora autenticará en todo el país.Por Eduardo MondinoDefensor del Pueblo de la Nación

  El 2007 fue un año signado por tragedias ocurridas en rutas de todo el país y lo que va de este 2008 no ha sido mejor. Estamos en presencia de una verdadera endemia social y por ella la Argentina ha dejado de ser un país con accidentes de tráfico para convertirse en un país con siniestros viales. Además, las cifras  son engañosas porque registran a las personas fallecidas en el momento del siniestro y en el lugar donde ocurrió, pero no hace un seguimiento de quienes habiendo quedado heridos mueren días después.Para nosotros, esta endemia no solo afecta a las víctimas directas sino que también tiene  una profunda vinculación con los Derechos Humanos. La seguridad vial debe garantizar los derechos a la vida, a la salud, que son justamente los que están más comprometidos.Los anuncios oficiales recientes -con muchos puntos similares a lo que ya veníamos planteando nosotros- tienen la importancia de reconocer la crisis que existe en este tema pero lo cierto es que habría que declarar la emergencia vial en todo el país, como lo venimos proponiendo, para que se tomen  medidas urgentes y  extraordinarias en este sentido. A partir de la creación de una autoridad vial única se podrán mejorar los  controles en calidad, intensidad y efectividad. Deberá participar activamente, así mismo, en el diseño de la infraestructura vial, uno de los mayores problemas de la actualidad.El Plan Integral de Seguridad Vial pondrá en alerta a todos los funcionarios, sin distinción de jerarquías, para que en el ámbito de sus respectivas competencias cumplimenten con los controles viales establecidos.Será esencial poner en efectiva y plena ejecución el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para contabilizar estadísticamente la siniestralidad vial y confeccionar un registro de infracciones cometidas en todo el país.Otro aspecto sobresaliente será la unificación de los expedidores de licencias de conducir de modo que todas las oficinas deban cumplir con los mismos criterios y requisitos para su otorgamiento. Las licencias otorgadas por municipios u organismos provinciales serán previamente certificadas por la Autoridad Nacional de Seguridad Vial y si no cuentan con este aval carecerán de validez.  Nuestra propuesta incluye formular, en un plazo de 30 días, un listado de las zonas o mapas de alto riesgo remitiéndolos luego a las autoridades de aplicación para la realización de operativos especiales en cada uno de ellos y para la determinación, de resultar necesario, de límites de velocidad inferiores a los generales.Como lo educativo es central en el largo plazo para modificar hábitos y actitudes postulamos instrumentar en 120 días un Plan Nacional de Educación Vial en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación para incorporarlo a la educación formal curricular obligatoria en el siguiente período lectivo al de la promulgación de la ley.En nuestro proyecto la utilización de la infraestructura de las estaciones de peaje con el objeto de realizar diversas tipos de control vehicular es central. Esto comprende desde la habilitación para circular por rutas nacionales como controles de alcoholemia, estado de los elementos de seguridad de los vehículos y su aptitud para circular, inspección técnica vehicular, documentación, habilitación y descanso de las tripulaciones y choferes.La cuestión de la seguridad vial es compleja y requiere evaluar distintas cuestiones, desde las conductas individuales de quienes conducen vehículos hasta la infraestructura vial y todo el sistema de controles ligado a las distintas verificaciones. Todo esto reclama un enfoque más amplio que el de los siniestros y una ejecutividad que ponga en práctica medidas urgentes y eficientes.