La Justicia federal ya tiene una denuncia formal por la construcción de la Central ATUCHA II y la reciente licitación por la construcción de los complejos Cóndor Cliff-La Barrancosa, cuyos sobres licitatorios fueron abiertos la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández.

(Cuarto Intermedio – 25 de febrero de 2010)- Ante las publicaciones periodísticas y desmentidas reiteradas sobre una suerte de adjudicación ya decidida a la empresa Electroingeniería, cercana al kirchnerismo, un abogado pidió a la Cámara Federal una investigación sobre los presuntos delitos de “administración fraudulenta y tráfico de influencias”.

La Cámara debe ahora designar a un juez instructor para que determine si hay o no supuesto delito que investigar. Pero por lo pronto, el escrito de inicio de la causa “sugiere una auditoría por parte de los organismos de control y que se individualicen a los autores, instigadores, cómplices y encubridores de eventuales maniobras delictivas”.

El texto habla de “onerosas licitaciones y contrataciones de diversas obras públicas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a favor de Electroingeniería y otras personas y empresas vinculadas al oficialismo, distrayendo millonarios fondos del Estado y asumiendo compromisos que atarán el destino económico del país y condicionarán la gestión de futuros gobiernos, para que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público, por parte de la Presidenta de la nación, sus cómplices, partícipes y encubridores. Se sugiere una auditoría por parte de los organismos de control y que se individualicen a los autores, instigadores, cómplices y encubridores de eventuales maniobras delictivas”.

La denuncia fue acompañada de una decena de publicaciones periodísticas que en los últimos días describieron las presuntas irregularidades.