Un informe de la “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” advirtió sobre las demoras de la Cámara Nacional de Casación Penal en el tratamiento de causas y los criterios para conceder excarcelaciones a represores de la última dictadura.
(Cuarto Intermedio – 18 de enero de 2011)- La información oficial, que manipuló la página de información judicial patrocinada por la Corte Suprema, omitió cualquier referencia a esa cuestión. Pero según un documento de cinco páginas que resume el incremento de la actividad judicial en este tipo de expedientes en el último año, de las 196 condenas dictadas por tribunales orales sólo tienen fuerza de “cosa juzgada” un total de 41. “El resto de los condenados tiene aún sus condenas en instancias de revisión (recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”. “El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal”, sostiene el informe. También subraya que se redujo la cantidad de procesados por delitos de lesa humanidad que cumplen con prisión preventiva. “Esta disminución en la proporción de los procesados que se encuentran con prisión preventiva se explica, principalmente, en el cambio de criterio de algunos tribunales -particularmente, la Cámara Nacional de Casación Penal- acerca de la evaluación de los riesgos procesales”, explica el documento.El discurso oficial se jacta de los avances pero omite las falencias. Sin embargo, a los organismos defensores de los derechos humanos no se les escapa el detalle sobre el dique de contención que Casación significa para los juicios por delitos de lesa humanidad. “Este fenómeno es notoriamente perceptible durante el último año, cuando se ha dictado la excarcelación de una gran cantidad de personas. En la mayoría de los casos, esto ha ocurrido pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal”.