Se vienen semanas moviditas de debate, presentaciones judiciales y presiones mutuas cruzadas por intereses e ideología. La reciente decisión de la Presidenta de la Nación ha movido el avispero. Pero vayamos por partes.

(Cuarto Intermedio – 20 de abril de 2011)- A partir del miércoles 13 de abril de 2011, y en base al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nro 411, el Estado podrá aumentar la representación que tiene dentro de las empresas cuyas acciones posee a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Lisa y llanamente, el DNU veta un artículo de una ley que permitía el ejercicio de los derechos políticos por parte del Estado con un límite de hasta el 5% de las acciones, independientemente del monto total poseído por el mencionado organismo estatal. A partir de la semana pasada, el Estado tiene derecho a nombrar directores en proporción con el paquete accionario que tiene indirectamente en su poder.Se han escuchado voces, a diestra y siniestra, clamando por la invalidez de esta medida; que la iniciativa está sesgada por la “necesidad de caja”, que “esto recién empieza y van por todo”. Seguramente algo de todo esto es cierto; sin embargo, el análisis debe estar contextualizado para una mayor compresión: ni quienes toman las decisiones en el Estado son completamente maquiavélicos, ni los empresarios son carmelitas descalzas.Primero, lo primero. Hubiese sido mucho mejor dar la discusión en el Congreso, ámbito lógico en donde deberían dirimirse estos temas. No había necesidad ni urgencia para nombrar un director más en Siderar o en el Banco Macro. Y cualquier aprendiz de la dinámica parlamentaria podría aseverar que difícilmente el oficialismo hubiese encontrado resistencia para sacar la ley. Sumando al Frente para la Victoria, más sectores radicales, más sectores de izquierda (Pino Solanas, el bloque Solidaridad e Igualdad), más algún peronista federal, la norma salía. Para ir “a favor de los intereses del pueblo”, (aun cuando esto va en desmedro del sector privado), la mayoría de los representantes del pueblo está presente.Ahora bien, la norma no tiene forma de ley, y sí tiene forma de DNU. Pero en esencia, ¿está mal? ¿Es ilógico plantear que quien tiene el 25% de una empresa pueda tener los derechos económicos y políticos correspondientes a tal porcentaje? Y, la verdad que ilógico, no es.Pues entonces el asunto es por qué se ha llegado al punto en donde la Anses tiene acciones de empresas privadas. Y aquí, nuevamente, la responsabilidad es compartida. Quienes dicen que el kirchnerismo impulsó la disolución de las AFJP y el pase al sistema de reparto para poder contar con fondos frescos, algo de razón tienen. De hecho, la Anses le presta dinero (y mucho) al tesoro nacional, y probablemente sin un análisis pormenorizado de rentabilidad futura y a largo plazo pensando en las jubilaciones eventuales. Sin embargo, deben hacerse dos salvedades. Por un lado, la norma fue votada por el Congreso, por lo que si algo tiene es legitimidad. Por otro, ¿por qué casi nadie salió en defensa del sistema privado de AFJP? Claro, quienes demonizan las decisiones oficiales evitan el debate que los atañe. Lo cierto es que las AFJP cobraban comisiones altísimas, tenían una rentabilidad mediocre (recordar que hablamos antes de la crisis mundial de 2008/2009), y tenían muy poco interés por cuidar el cliente. Si una empresa se esfuerza por prestar un buen servicio, y cuidar a su cliente, son estos mismos quienes primero defienden a dicha empresa. Pero no, las AFJP, con sus comisiones y envíos de liquidaciones en meros sobrecitos, no parecían muy interesadas en el aportante. Total, les iba bien, y descontaban que la situación no iba a cambiar. Y ahí es donde intervino el Congreso, prácticamente sin resistencia.Parecería que pocos piensan con claridad. Representantes del gobierno sostienen que el objetivo no es intervenir en las decisiones empresariales; sin embargo, otros integrantes del mismo espacio argumentan que los directores trabajarán más por inversiones en argentina a mejores precios (¿?). Además, nos olvidamos que de hecho ya existe representación del Estado en empresas (hay decenas de ellas con directores estatales), y en la mayoría de los casos, resulta una experiencia saludable. ¿Saludable? Sí, saludable, principalmente por dos razones. La primera, porque en muchos casos estos directores se acercan a los empresarios, al riesgo que corren con sus empresas, y se dan cuenta de que no se trata de demonios personificados, sino de hombres y mujeres comunes que dan trabajo y desarrollo a sus empleados y a la comunidad. Y la segunda, como consecuencia de lo recién relatado, estos Directorios contribuyen a la educación empresaria y de negocios a quienes seguramente ocupen cargos públicos en futuros inmediatos. Y más aún: Eduardo Constantini, por citar un ejemplo, sostuvo en una entrevista que los directores estatales pueden ayudar mucho a las empresas en cuyos directorios participan.En esencia, el espíritu de la norma es correcto. El problema es que los argentinos continuamos haciendo caso omiso a las formas. Ni había necesidad y urgencia, ni era necesaria la bravuconada de Siderar (queriendo evitar el nombramiento de directores estatales, aun cuando de haberlos nombrado continuarían ganando las votaciones en el Directorio). Insisto, las formas importan. Allí es donde el Estado es el principal responsable; es el primero que debería dar el ejemplo.