El resultado de las elecciones primarias del 14 de agosto robusteció la iniciativa oficial de salir masivamente a respaldar al juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en el escándalo de los prostíbulos.
(Cuarto Intermedio – 25 de agosto de 2011)- Desde el poder político siempre se supuso que Zaffaroni era el objeto de un tiro por elevación para esmerilar la figura presidencial, pero a la vista de lo que ocurrió en las primarias está claro que, si existió, esa intentona fracasó rotundamente.Ahora viene el contragolpe. Y en el caso del juez de la Corte se inició por el lado de la Procuración General de la Nación: Esteban Righi, le respondió a la diputada de la Coalición Cívica Claudia Fernanda Gil Lozano, cuya fuerza quedó “knock out” en las primarias, que la denuncia de La Alameda de 2009 no hablaba de departamentos de Zaffaroni, de modo que mal pudo haberse protegido a alguien que se desconocía. Righi adjuntó a su respuesta un informe de la Unidad de Asistencia en secuestros extorsivos y trata de personas (UFASE) “del que surgen, entre otros muchos datos, los jueces y fiscales intervinientes. Es a ellos a quienes en lo sucesivo deberán ser presentados eventuales escritos ampliatorios y cualquier otro elemento de convicción adicional que se quisiera agregar a las causas en trámite”.“Desde 2009, y a partir de las pautas de política criminal implementadas por el Procurador General para el tratamiento del delito de trata de personas y sus delitos vinculados… la UFASE (fiscalía especial contra la trata de personas) ha abierto 70 actuaciones preliminares relacionadas con explotación de la prostitución ajena de la ciudad de Buenos Aires. En ellas se han investigado y denunciado unos 400 domicilios, sospechados de ser prostíbulos de acceso irrestricto al público y ‘privados’. Se han realizado denuncias, según correspondía, ante Juzgados criminales federales (en caso de trata de personas) criminales ordinarios y correccionales (en caso de proxenetismo), dando lugar al inicio de 48 causas judiciales”, precisa el documento.