Además de la ingente actividad política de opositores porteños contra el cierre de cursos en las escuelas públicas, la controvertida decisión de la administración de Mauricio Macri ya llegó a la Justicia.

El mediático abogado José Mangiocalda presentó una acción de amparo que quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número ocho, a cargo de Osvaldo Otheguy, pero que finalmente recalaría en el número diez, bajo la órbita de Hugo Zuleta, por cuestiones de “conexidad”.

Mangiocalda se presentó como titular de la ONG “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional”, la misma que en el verano intentó vanamente frenar el aumentazo en la tarifa de los subtes.

“Vengo a solicitar se decrete la nulidad de la Disposición 15/2012 dictada el 29/02/2012 por el Sr. Director General de la Dirección de Educación de Gestión Estatal, en tanto que existen vicios en la motivación y en el objeto de dicha normativa que la tornan ilícita e inconstitucional, dejando sin efecto la integración (fusión) de los cursos alcanzados por el acto administrativo impugnado”, sostiene la presentación.

El escrito advierte que la medida “fue dictada a los fines de generar espacios para la apertura de salas de nivel inicial, sin que se explique el modo de concretar física y jurídicamente semejante despropósito. Asimismo, la decisión impugnada, se dictó en forma inconsulta, sin participación de las comunidades educativas afectadas, y a sólo tres días de concluidas las inscripciones”.