El pedido de juicio político apunta a su desempeño como juez penal durante la última dictadura militar.

La secretaría de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios designó por sorteo los cinco legisladores con matrícula de abogados que formarán parte de la Comisión de Juicio Político que analizará las denuncias elevadas contra el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, cuestionado por su desempeño como juez durante la última dictadura militar.

A los senadores y diputados bonaerenses designados se sumarán ahora los cinco conjueces que deberá designar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para la integración del cuerpo que decidirá si avanza con el jury contra Nieva Woodgate, que también está en la mira por su actuación en la investigación del crimen de la pequeña Candela Rodríguez.

La Comisión evaluará ahora si hay méritos para abrir un juicio político contra el fiscal de Morón. Si así lo considera, se iniciará la instrucción de la causa, paso previo al jury.

La denuncia contra Nieva Woodgate fue promovida en octubre de 2010 por Adolfo Pérez Esquivel en su carácter de presidente de la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y girada a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, que avaló sus términos y decidió asumir el rol de acusador al impulsar un pedido de juicio político.

En los fundamentos de la acusación que elevó a fines del año pasado, la Bicameral hizo referencia puntualmente al desempeño de Nieva Woodgate como juez penal de Lomas de Zamora durante la última dictadura militar. En el texto, los miembros del organismo citan una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que el tribunal afirma que “existe certeza de que todos los jueves sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos”.

El entonces titular de esa Comisión, el ex diputado Gabriel Villegas, afirmó además que el organismo realizó investigaciones “para comprobar la verosimilitud de los hechos contenidos en la denuncia”, que toman como base testimonios de los juicios realizados por desapariciones relacionadas con la Unidad 9 de La Plata.

“Concretamente, en el expediente hay una copia de un oficio librado el 27 de enero de 1977 por el Alcaide de la Unidad 9 de La Plata al juez Federico Guillermo Nieva Woodgate, poniendo en su conocimiento que el detenido Angel Alberto Georgiadis Otero sería trasladado por personal militar para indagatoria, a una unidad militar”, agregó.

Según Villegas, “existe otro informe que certifica que la muerte de Giorgiadis ocurrió el 2 de febrero de 1977, esto es, seis días después de la referida comunicación”.

Pero la figura de Nieva Woodgate también quedó en el centro de cuestionamientos por su intervención tras el crimen de Candela Rodríguez. El fiscal de Morón fue denunciado por abogados de algunos de los imputados. La semana pasada, el Senado bonaerense decidió conformar una comisión especial que analizará la marcha de esa investigación.