Hoy se cumple un mes de la tragedia de Once. El gobierno nacional no ha rescindido la concesión a TBA, empresa conducida por los hermanos Cirigliano. Cincuenta y un muertos y más de setecientos heridos no alcanzaron para que se tomara esa decisión política.

El dirigente socialista Héctor Polino en la Audiencia Pública sobre ferrocarriles organizada en el Congreso Nacional por el diputado Pino Solanas del pasado martes 20 de marzo, informó que en 18 años de concesiones en las líneas Mitre y Sarmiento, TBA lleva la dramática suma de 2.000 muertos. A esta cifra, además, deberíamos sumar los heridos y los mutilados.

Hoy la madre de Lucas Menghini, al igual que todos los familiares de las víctimas, pide Justicia. Sin embargo al día de hoy ni siquiera están terminadas las pericias del caso, entrando todo el proceso judicial en un cono de sombras y sospechas.

En Argentina sostenemos el principio constitucional que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Protegidos los derechos individuales correctamente, deberíamos cambiar el paradigma con el que se enfrenta la concesión de TBA.

El ferrocarril resulta un medio de transporte casi excluyente para millones de habitantes del área metropolitana. Casi un monopolio. Cotidianamente debemos recurrir a él, porque los medios alternativos son defectuosos e ineficientes y poco y nada se ha hecho en los últimos años en la construcción de otros caminos. A partir de esta realidad estructural se produce una enorme asimetría entre la corporación ferroviaria y millones de usuarios. De allí que todos los días estemos sometidos a un servicio ineficiente, incumplidor de los horarios, con niveles de incomodidad inhumanos, con empujones continuos en la subida y bajada del tren en cada estación -particularmente en Once-, y además inseguro.

Cuando la inseguridad ocasiona la muerte de una persona, los familiares recurren al Poder Judicial. Allí deberán demostrar que la persona fallecida fue víctima de las negligencias de un sistema, de una corporación y de una dirección del ferrocarril, desaprensiva con la calidad del servicio. ¿Cómo podrían demostrarlo? Si hasta en el caso de Lucas Menghini la ministra Nilda Garré sostuvo que viajaba en “un lugar vedado a los pasajeros”. La respuesta de los padres no se hizo esperar “Tratar de convertir a la víctima en culpable es un recurso vil, bajo, bastardo y canalla, esgrimido por quienes no tienen ni un solo argumento válido que avale su accionar, que merece el máximo rechazo”.

Pero la experiencia demuestra que frente al Poder que esgrime la Alianza entre el Gobierno Nacional y TBA por un lado y las víctimas, siempre gente sencilla de trabajo de nuestro Pueblo, la primera resulta vencedora y “la víctima el culpable”.

Decía Alfredo Palacios que: “La diferencia que existe entre los que poseen y los que nada tienen, para conseguir sus derechos es extraordinaria y ha sido frecuentemente olvidada por los jurisconsultos”. Este parece ser el caso. Y podríamos agregar que: resulta en una enorme injusticia tratar como iguales a quienes tienen porciones de poder tan desiguales.

En el tema en cuestión debemos invertir la carga de la prueba. Deberá ser TBA quien demuestre que ha cumplido con sus obligaciones contractuales, que los subsidios se utilizaron en su totalidad para la finalidad a la que fueron asignados, que se los utilizó con eficiencia, que hubo probidad a la hora de poner los trenes en circulación, que se cumplieron todas las normas de seguridad requeridas para el transporte masivo de pasajeros, que no se habilitó ningún servicio en condiciones de precariedad, que la supervisión de todos los aspectos concernientes a la seguridad estuvieron suficientemente monitoreados como para encuadrar, finalmente, lo ocurrido en Once como un accidente fruto de la fatalidad.

De no demostrar la idoneidad suficiente para cumplir debidamente con el contrato de concesión, su rescisión debiera proclamarse de manera inmediata. Y la responsabilidad penal de los hermanos Cirigliano y de quienes los acompañaron desde la empresa y desde el gobierno en el “des-manejo” de este servicio público, deberían terminar con el debido proceso.

Si así lo entendiera la Justicia, estaríamos llevando un poco de paz a los familiares de las víctimas y a toda la sociedad.

*Secretario General del Partido Socialista Auténtico (PSA) en Movimiento Proyecto Sur.