El abogado que intentó vanamente frenar el aumento en la tarifa de los subtes, dejó en claro que no tiene pruritos ni preferencias políticas a la hora de denunciar a funcionarios.

José Mangiocalda, como titular de la ONG “Ciudadanos libres por la calidad institucional”, denunció al interventor de la Administración Nacional De Laboratorios e Institutos De Salud (Anlis), Gustavo Alberto Ríos, “quien ocupa dicha función desde el 06/06/2002 y hasta la fecha”, porque “toleró en su sede sita en Avda. Vélez Sarsfield 563, Capital Federal, la presencia de cartelería de obra publica en violación al art. 42 de la ley 25.188”.

Esa norma establece: “La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos” .

Ya hay una causa en el fuero contencioso administrativo federal por los carteles que promocionan la obra de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Por iguales razones, Mangiocalda también denunció al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Las causas recayeron ante los jueces federales María Servini de Cubría y Norberto Oyarbide.