Dos erráticos (ideológicamente hablando) legisladores, uno porteño y la otra, nacional, se unieron para reclamar a través de la Justicia que sus ex máximos referentes, tanto en la administración local cuanto en Balcarce 50, se pongan de acuerdo y soluciones la situación de la propiedad de los Subtes.

Graciela Ocaña, ex ministra de salud kirchnerista que forjó su carrera a base de denuncias; y Daniel Amoroso, un hombre que supo estar cerca de Mauricio Macri, presentaron una acción de amparo para que se cree un “ente de emergencia” para administrar el funcionamiento del servicio de Subtes “mientras se resuelve la disputa referida a la jurisdicción que terminará controlando el transporte”.

Los voceros de prensa de uno y otro se ocuparon de difundir la información por todas partes, con un ahínco que no suelen mostrar cuando esas presentaciones judiciales son rechazadas (sobre todo en el caso de Ocaña).

La acción quedó radicada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo federal número dos, a cargo del juez Esteban Furnari, uno de los que llegó al cargo después de un concurso en el que el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura mostró su agrado por el candidato. A Furnari, además, le solicitaron “la designación de un interventor judicial en forma inmediata y antes incluso de la formación del ente”.

Según los legisladores, existe en el Subte “un estado de incertidumbre general tanto para quienes utilizan el servicio como para los trabajadores de los mismos, convirtiéndose en una desidia. Es evidente que con el estado de incertidumbre que generó el traspaso de la gestión de los subtes, acerca de quién es el responsable de la gestión, administración y mantenimiento de los mismos, se afecta no sólo a los trabajadores, sino a los miles de ciudadanos que en su carácter de usuarios necesitan hacer uso de dicho medio de transporte a diario”.

Para mal del legislador Amoroso, con la firma de la ex aliada de Carrió de por medio, resultará muy difícil que la denuncia prospere…