Tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba plantearon a los legisladores sus observaciones sobre el proyecto de creación de un fuero especial para combatir el tráfico minorista de drogas, que enviara semanas atrás el gobernador José Manuel De la Sota.

María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y Luis Rubio, advirtieron que la adhesión de la Provincia a la ley nacional que “federaliza” la lucha contra los pequeños comerciantes implica que el gobierno nacional cubra con fondos propios los requerimientos judiciales, pero que la provincia de Buenos Aires ya lo hizo y jamás recibieron un peso por ello.

Córdoba, cabe recordar, se encuentra en una larga discusión con la Nación porque no le envía los fondos que le adeuda por la Caja de Jubilaciones.

Los jueces señalaron también que necesitan tiempo, por lo menos hasta diciembre, y una mayor estructura de personal y capacitación para comenzar “bien”, según lo aclaró Tarditti.

El proyecto de ley es una de las prioridades políticas de De la Sota.

Finalmente, los vocales del TSJ pidieron a los legisladores que les permitan leer el despacho final del proyecto, para poder opinar por última vez antes de que se trate en el recinto.