Las indagatorias que está tomando el juez federal Claudio Bonadío sobre el siniestro que el 22 de febrero pasado le costó la vida a 51 personas que viajaban en un tren del Ferrocarril Sarmiento disgustan a los querellantes.

De hecho, ninguno de ellos puede presenciarlas y los imputados no están obligados a contestar preguntas, de modo que se limitan a presentar escritos y no declaran.

Pero lo más grave es que TBA, a raíz del retiro de las concesiones, paralizó todas las cuestiones prejudiciales y judiciales relacionadas con las víctimas, entre ellas los procesos de mediación y las atenciones médicas. Las víctimas están angustiadas y desamparadas, ya que no tienen a quien recurrir para paliar sus pesares y consecuencias del siniestro.

El abogado Horacio Rivero, quien representa a un grupo de sobrevivientes, presentó la semana pasada un escrito objetando el argumento de la empresa que busca deslindar todas las responsabilidades en el maquinista. Sobre todo, por el supuesto padecimiento de epilepsia que descubrió un informe médico.

El letrado reclamó los informes anuales sobre el estado de salud del motorman, quien -argumentó- se encuentra expuesto a muchas enfermedades profesionales (ejemplo: stress) a raíz del trabajo que desempeñaba, razón por la cual “el empleador” tiene la obligación de indicar que se los haga y la ART de hacerlos.

Según Rivero, es responsabilidad de la ART y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dependiente de Ministerio de Trabajo de la Nación, la realización de esos estudios. De modo que la supuesta epilepsia, lejos de aliviar la situación judicial de los imputados, podría llegar a agravarla.