La Comisión Especial del Senado de la provincia de Buenos Aires creada para monitorear la investigación del crimen, lanzará un duro informe con eje en las “responsabilidades políticas” de las irregularidades.

La investigación abierta en el marco de una “comisión especial” que se creó en el Senado en torno a la intervención policial y judicial en el crimen de la pequeña Candela Rodríguez, culminará en las próximas semanas con la difusión de un informe que ya está en elaboración y en el que los legisladores que integran ese cuerpo señalarán “complicidades políticas” en las diversas irregularidades que aseguran haber detectado en la causa.

El documento, cuyos lineamientos centrales fueron definidos por los senadores kirchneristas de la comisión, denunciará que en la investigación del crimen, desde el momento en que la familia de Candela denunció su desaparición, hubo un “cúmulo de anomalías tanto en la intervención policial como en la tramitación de la causa” en la Justicia Penal de Morón.

En ese marco, el informe pondrá el eje en la “responsabilidad política” de esas irregularidades, que tienen como blanco central a la conducción de la Policía Bonaerense y al Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, quien será sometido a un juicio político aunque no por su actuación en la causa Candela, sino por su desempeño como juez penal durante la última dictadura.

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años y desapareció el 22 de agosto pasado cuando salió de su casa en Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham. Fue hallada muerta el 31 del mismo mes.

La principal línea argumental del documento que preparan los senadores “K” de la comisión pero que también comparten legisladores opositores que integran ese cuerpo, se centra en que, en el marco de una supuesta connivencia entre la Policía, la Justicia y el ministerio de Seguridad provincial, se corrió el eje de la investigación para involucrar a “perejiles” en el asesinato de la pequeña.

La hipótesis, dicen, fue ratificada en los últimos meses por la Cámara Penal de Morón, quien decidió anular la investigación, apartar al fiscal y al juez, Marcelo Tabolaro y Alfredo Meade, volver la causa a foja cero y excarcelar a los detenidos Gladys Cabrera, Guillermo López, Fabián Gómez, Néstor Altamirano, Leonardo Jara, Héctor “Topo” Moreyra, Hugo Bermúdez y Alberto Espínola.

Otra de las denuncias del documento apuntará a los testimonios de testigos de identidad reservada, algunos de los cuales declararon ante la Comisión. En ese marco, habrá un fuerte cuestionamiento a esa metodología, sobre la base de los “aprietes policiales” que aseguran haber sufrido los testigos para declarar contra el grupo de detenidos que luego fue excarcelado.

El informe, de esa manera, podría marcar una nueva avanzada del kirchnerismo contra la gestión del ministro de Seguridad Ricardo Casal, quien además podría ser citado a declarar ante el cuerpo en las próximas semanas, antes de la presentación oficial de las conclusiones de la Comisión.