La Cámara Federal respaldó al juez Norberto Oyarbide en una causa “descontaminada” de cuestiones políticas.

El tribunal confirmó el procesamiento de 12 integrantes de una banda que sometía a explotación laboral a al menos 76 inmigrantes bolivianos, de quienes retenían sus documentos y hacían trabajar en talleres clandestinos en condiciones de esclavitud “moderna”, por salarios de entre 50 y 100 pesos semanales.

Los talleres funcionaban en un radio delimitado por las calles Arregui, Coliqueo, San Blas, Lope de vega, Cuenca, Bermúdez y Federico Lacroze, de esta Capital Federal, y de San Martín y Ciudadela, en la provincia de Buenos Aires.

En los allanamientos Oyarbide había decomisado cinco vehículos de lujo, 118 máquinas de coser industriales, 11.000 prendas de vestir confeccionadas, 6.000 prendas listas para el corte, rollos de telas e insumos para costura.

La causa se originó por una denuncia de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE).