Así quedó establecido en el decreto firmado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

El gobernador Daniel Scioli estableció que el 5 por ciento del pago extraordinario que efectuarán 14 bingos por la renovación directa de sus licencias por 15 años -y que implica un monto total del orden los 1.650 millones de pesos- será girado a los municipios.

De acuerdo a lo dispuesto, el índice de reparto de ese fondo entre las comunas tendrá como base la cantidad de población de cada distrito con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según el Censo Nacional de Estadísticas y Censos.

A su vez, los municipios deberán asignar esos recursos extras a inversiones y gastos en promoción y asistencia social o en salud pública.

Así lo establece el decreto del gobernador bonaerense mediante el que se ratificó la resolución 1.078 del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia, que dispone la renovación directa de los contratos de las 14 salas de bingo que vencen entre 2013 y 2015.

La medida de extensión de esas licencias, por lo demás, rige efectivamente desde el lunes, cuando tanto la resolución de Lotería como el decreto refrendatorio de Scioli fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, también se sumaron proyectos de legisladores del oficialismo y de la oposición que apuntan a generar cambios en el sistema de explotación de los juegos de azar en la Provincia.

En ese contexto, el randazzismo anticipó que impulsará una iniciativa que prevé “la estatización del juego”, a través del diputado del sector Mario Caputo, en coincidencia con el Frente Amplio Progresista, que ya anticipó que también impulsará una medida de ese tipo.

Otros sectores del kirchnerismo y de la oposición propician, en cambio, un aumento en el canon que pagan las empresas que explotan el juego.

Vale señalar, en ese sentido, que el juego ya está en manos del Estado, porque así lo dispone la Constitución provincial, y en ese marco está tercerizada la explotación de los bingos, no así la de los casinos, que son operados por el Estado.