La Cámara Federal de Casación dispuso revisar la situación de un policía retirado acusado por la aplicación de tormentos a un ex comisario que estuvo 13 años preso por el secuestro del hoy jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, episodio del cual se cumplieron 21 años la semana pasada.

Se trata de Gustavo Adolfo Storni, ex titular de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Federal, pasado a retiro al principio de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad.

En dos oportunidades fue sobreseído por el juez Ernesto Botto, y el fallo fue confirmado por la Sala Séptima de la Cámara del Crimen, pero la Sala Cuarta de la Casación consideró “mal denegado” un recurso de apelación, lo que en los hechos implica que será ese tribunal el que revisará nuevamente el caso.

En el mismo contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó a la Argentina a que con fecha tope del 3 de octubre próximo, “el ilustrado Estado debe presentar un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones que se encuentran pendientes de acatamiento”.

La Argentina fue condenada por el tribunal internacional a raíz de las irregularidades y presuntos delitos cometidos en la investigación del secuestro de Macri.

En agosto de 2001, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral condenó a los supuestos integrantes de la denominada “Banda de los Comisarios”, pero la Sala Primera de la Cámara Federal anuló la sentencia y determinó que al menos dos de los condenados habían sido víctimas de torturas para reconocer el secuestro de Macri, un hecho que siempre negaron haber cometido.

El sargento primero Juan Carlos Bayarri recuperó entonces la libertad. Y sus supuestos torturadores fueron detenidos y enviados a juicio oral y público, que aún espera por la fijación de fecha de debate.

La condena internacional contra el Estado argentino disponía un resarcimiento económico a favor del ex sargento -que ya fue cumplido- y el juzgamiento y la eventual condena contra los responsables de las torturas, que aún está pendiente.

La causa está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal número 19, integrado por los jueces Horacio Ernesto Barberis, Liliana Noemí Barrionuevo y Alberto Eduardo Ravazzoli, pero aparece empantanada, pues “hay recursos pendientes en la Corte Suprema que impiden, desde el punto de vista procesal, realizar el juicio oral”, dijeron fuentes judiciales.