Es que el proyecto de ley que propone el voto optativo para los jóvenes de entre 16 y 18 años, ya se alzó con las primeras voces en contra puesto que para algunos sectores todavía no se trata de una edad lo suficientemente “madura” como para cargar con la responsabilidad del sufragio. “La juventud madura más rápido que hace 80 años atrás. ¿Por qué no darle la oportunidad de participar al que tiene vocación?”, planteó el senador Aníbal Fernández, quien ofreció una férrea defensa al proyecto a través de los medios de comunicación. Siguiendo esa línea, entonces, ¿qué postura adoptaría el senador Fernández o cualquiera de sus pares si hoy mismo se tratara la baja de la imputabilidad en el Código Penal? Se trata, claro está, de un tema muy sensible que lamentablemente surge cuando los menores de edad son protagonistas o, lo que es peor aun, autores materiales de crímenes (tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura circularon proyectos al respecto).

El tema de la baja de la imputabilidad en los menores de edad es muy complejo, y es al día de hoy que existen fuertes desavenencias entre juristas, dirigentes políticos, periodistas y la sociedad misma. Pese a las innumerables posturas de “si se está de acuerdo o no”, no hay que dejar de lado que las leyes pueden ir variando según el prisma con el que se las mire. Es decir, hay normas que claramente y más allá de su intencionalidad o impulsor político, pueden esconder un doble filo al momento de ser aplicadas. Por caso, ¿cómo se explicaría, por ejemplo, que un menor de edad que haya asesinado, esté en plenas facultades mentales para elegir a sus representantes? El más desconfiado, además, puede llegar a pensar que hasta se conviertan en víctimas del clientelismo cuando las elecciones llaman: si bien el proyecto en cuestión no obliga al menor a ingresar al cuarto oscuro, ya investigaciones periodísticas han demostrado con material audiovisual que existen estas prácticas para con los sectores más desprotegidos. ¿Por qué no entonces, un chico con hambre o lo que es mucho peor aún, con la triste necesidad de drogarse, no acuda a depositar su voto en la urna a cambio de unos “pocos pesos”?

Estas interrogantes, así como muchas tantas otras, requieren de un profundo análisis y debate. Así como se debe proteger al menor de convivir en una cárcel con un adulto; o de que puedan llegar a ser repelidos físicamente por las fuerzas policiales o por los ciudadanos en ocasión de un delito (ya que bajo la ley serían “mayores”), la clase dirigente debería plantearse seriamente si la totalidad de este sector de la población -porque las leyes deben ser cumplidas por todos-, al fin de cuentas, los termine beneficiado o perjudicado si se les otorga la responsabilidad de votar a tan temprana edad, en un país que todavía posee localidades con altísimos índices de deserción escolar…