El bloque provincial del Frente para la Victoria (FpV), ya inició contactos con la oposición en busca de respaldos al paquete de proyectos.

El paquete de leyes que ingresó el bloque oficialista del Senado bonaerense la semana pasada que apunta a imponer varios controles sobre el desempeño de los jueces de la Provincia, tendría un trámite acelerado hacia su sanción.

Es que, según indicaron fuentes legislativas, en las últimas horas el oficialismo profundizó los contactos con los bloques de la oposición en busca de que respalden las iniciativas y éstas puedan ser aprobadas en las próximas semanas, más allá de que, para alcanzar consensos, los textos originales de los proyectos registran algunos cambios durante su análisis en las comisiones.

En lo que se refiere directamente a magistrados, el paquete de normas proyectadas prevé los siguientes puntos:

-En principio, se sumarán condiciones y requisitos a los postulantes a magistrados, durante el proceso de selección.

-Los magistrados (jueces, camaristas, fiscales, defensores) ya en funciones, serán evaluados periódicamente para “constatar que mantienen las condiciones” psicofísicas y éticas, entre otras, que les permitieron acceder a los cargos. Esas evaluaciones serán efectuadas por el Consejo de la Magistratura.

-Además, se busca que todos los magistrados y secretarios de la Justicia provincial estén alcanzados por la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y cumplir con otras exigencias que se prevén en el proyecto de ley de ética en el ejercicio de la función pública, que también fue ingresado ya en el Senado, y que incluye además a los legisladores, el gobernador y todos los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En ese marco, los proyectos contemplan que se podrá disponer el apartamiento preventivo de los magistrados que sean denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En tanto, se dispone que el Procurador General de la Corte tendrá sólo la función de superintendencia sobre el Ministerio Público. Y se crearán sendas jefaturas de los fiscales y de los defensores oficiales.

Estas medidas están previstas en proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, de Jury y del Ministerio Público, así como en la iniciativa de ética de funcionarios.