El debate sobre el nuevo Código Civil y Comercial unificado, encontró en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) una postura difícil de digerir para el espíritu de la nueva norma: “incorporar la responsabilidad civil del Estado”.

La representante de la entidad, Sandra Elena, criticó aspectos del proyecto vinculados con la “protección de derechos, en particular de aquellos de incidencia colectiva, la eliminación de la responsabilidad civil del Estado y la nueva forma de regulación de las obligaciones de dar sumas de dinero”. En ese sentido, describió que “lo grave es que estos cambios podrían usarse para menoscabar la preeminencia de los derechos constitucionales por sobre el interés del Estado”-

En los hechos, advierte la ONG, el texto de la nueva ley podría restringir los alcances de las “acciones colectivas”, un mecanismo que fue utilizado a menudo “para discutir judicialmente la constitucionalidad de las políticas públicas y para proteger derechos que no encontraban otro tipo de protección”.

CIPPEC consideró que “eliminar su regulación en el nuevo Código implica un retroceso en la protección de derechos y vulnera el espíritu original, que era proteger a los sujetos vulnerables y corregir las asimetrías… No contar con normas de responsabilidad del Estado en el Código Civil y Comercial elimina la existencia de un sistema uniforme de responsabilidad para todos los niveles del Estado”.