La política de Derechos Humanos de la Argentina fue sometida a análisis de la comunidad internacional en Ginebra, Suiza, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo diseñado por la ONU hace cuatro años, apuntado a que los Estados se controlen recíprocamente en materia de respeto a los derechos humanos.

La delegación argentina está encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; en tanto que Amnistía Internacional Argentina está representada por la coordinadora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Paola García Rey.

Según explicó Amnistía, “en 2008, a la Argentina se le recomendó abordar la discriminación contra las mujeres, mejorar las condiciones penitenciarias, garantizar el castigo al delito de tortura, brindar rapidez en los juicios de derechos humanos en curso, y asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

En ese sentido, la entidad reconoció que “en estos años se han producido importantísimos progresos en el juicio y castigo a los responsables de los gravísimos delitos cometidos por la última dictadura”, pero advirtió que “sin embargo, hay situaciones actuales que siguen constituyendo deudas. Así, las mujeres siguen siendo discriminadas en materia de derechos sexuales y reproductivos: durante los últimos 20 años la falta de acceso a abortos seguros ha sido la principal causa de mortalidad materna. Las condiciones carcelarias, siguen siendo, en algunos casos, inhumanas y degradantes y raramente son investigadas las denuncias de torturas”.

Además, agregó que “la situación de los pueblos indígenas es también muy preocupante, ya que no se les reconoce el derecho a sus tierras tradicionales y siguen siendo víctimas de desalojo, a pesar de que una ley vigente ordenó relevar y registrar las tierras”.