La denuncia es por mal desempeño en sus funciones contra el magistrado platense César Melazo y los fiscales Romero y Furnus. Además, un hombre que estuvo preso en la causa les inició una demanda civil.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense se reunirá para analizar si avala los términos de la denuncia presentada contra el juez de Garantías de La Plata, César Melazo, y los fiscales platenses Marcelo Romero y Maribel Furnus por su intervención en la causa del triple crimen de policías en la planta transmisora del ministerio de Seguridad.

El jurado, presidido por el titular de la Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari, se reunirá en el Senado para expedirse sobre si tiene entidad o no la denuncia. En caso de darse curso, se iniciaría el jury contra los magistrados.

La denuncia que dio origen al posible jury por la presunta comisión de delitos y faltas en sus funciones en el marco de la investigación por el caso conocido como “el triple crimen de los policías”, plantea que “durante más de cinco meses hubo una absoluta inactividad de los fiscales en la causa”.

La presentación fue realizada por el abogado Alejandro Montone, que la semana pasada también interpuso una demanda civil, en representación de Raúl Barnes, quien estuvo detenido en el marco de la causa. La demanda es por una suma cercana a los 700.000 pesos contra el juez Melazo y los dos fiscales por “daños y perjuicios”.

La investigación sobre la que se fundan los pedidos de jury refiere al brutal asesinato de los policías Alejandro Vatalaro, Ricardo Torres Barboza y Pedro Díaz, cometido en septiembre de 2007 en la Planta Transmisora que el ministerio de Seguridad posee en 7 y 630, donde los efectivos estaban de guardia.

En la denuncia se afirma que Melazo ordenó en esa causa “medidas de instrucción previamente acordadas con el fiscal Romero y así, lejos de custodiar la efectividad de la regulación del debido proceso, se arrogó funciones propias y exclusivas del ministerio público, ya que es éste el que debe promover y ejercer la acción penal”.

También se aseguró que “la conducta desplegada por el juez Melazo habría incurrido en el tipo penal que reprime con pena de prisión e inhabilitación al funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo”.

Sobre el fiscal Romero, el denunciante sostuvo que “en absoluta violación al principio acusatorio, acordó con el juez de Garantías la realización de medidas de prueba y delegó en él su ejecución, cuando el bloque legal no le atribuye esa capacidad”. El denunciante consideró que de esa forma habría cometido “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”.

También se afirmó, con relación al testigo que obtuviera la filmación de Marcos Casetti (el ex policía detenido en la causa), que Romero, “en forma insólita e injustificada, decidió dejar sin efecto la reserva de su identidad, quien quedó a partir de ese momento absolutamente desprotegido y en serio riesgo de muerte”, añadiéndose que “ha incurrido en la comisión del mismo delito el juez Melazo, pues cuando era su obligación velar por las garantías constitucionales del testigo convalidó lo decidido”.

El denunciante consideró que, de ese modo, Melazo “dispuso arbitrariamente de sus poderes discrecionales con un fin diverso al que persiguen la Constitución y los Pactos Internacionales en cuanto a la protección y a la seguridad de los testigos, apoyando en un todo a los fiscales en su intento de mantener la hipótesis del móvil de la droga y en desechar cualquier otra”.

Asimismo, en la presentación se planteó que “durante más de cinco meses hubo una absoluta inactividad por parte de los fiscales en la causa más grave e importante de la historia democrática de la Provincia”.