El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal llama a la reflexión de la clase dirigente argentina y de los grupos económicos, en orden a las lamentables declaraciones e imputaciones cruzadas que son de dominio público; las que han puesto en jaque a la forma de gobierno republicana establecida el art. 1º de la Constitución Nacional.
Si bien es cierto que no es función de nuestra Institución el defender magistrados, de quienes sabemos y conocemos muchas de sus particulares características, las que hemos venido criticando durante todos estos años; como tampoco es nuestra función defender a los grupos económicos que eventualmente resultaren justiciables; no lo es menos que, “sí” constituye nuestra obligación y compromiso el bregar por la división tripartita de poderes, por la independencia del Poder Judicial y por la vigencia irrestricta de la Supremacía de la Constitución.
De allí que provoca la más honda de nuestras preocupaciones el descrédito en que los comportamientos señalados han sumido al Poder Judicial, comprometiéndose severamente así su credibilidad de cara a la sociedad y pulverizando la confianza de los argentinos en uno de los pilares de la República.
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, tanto la clase política como los grupos económicos deben entender que dentro del Estado de Derecho “todos” debemos sujetarnos a la autoridad de los fallos judiciales y que, la única vía para su impugnación, son los métodos recursivos que la ley determina, en orden a las garantías de igualdad y debido proceso previstos por los arts. 16 y 18 de la CN y los Pactos Internacionales referidos en su art. 75 inc. 22.
Urgentemente deben cesar las presiones y descalificaciones mediáticas a las que los argentinos asistimos azorados, provenientes tanto desde uno como del otro sector.
A 29 años de su recuperación, es tiempo que la Democracia Argentina comience a pagar una deuda aún pendiente: La consolidación de la forma republicana de gobierno, léase el conseguir de una vez por todas y para siempre el equilibrio y control recíproco e independiente entre los tres poderes del Estado, como lo describiera Montesquieu en “El espíritu de las leyes”.
Por todo ello, nuestro recuperado CPACF exhorta a la reconciliación, exigiendo de todas las partes en pugna, el acabado respeto por los mecanismos institucionales que nuestro ordenamiento jurídico prevé para la solución de conflictos, en aras a la reconstrucción de la credibilidad y la real independencia del Poder Judicial Argentino.
*Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
