El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la oposición acordaron tratar en las primeras sesiones del Senado un proyecto de ley de ética pública en medio de la polémica por los ahorros del gobernador.

Las tensiones que caracterizaron la relación entre el Senado bonaerense conducido por Gabriel Mariotto y el gobierno de Daniel Scioli podrían instalarse nuevamente en el inicio del año legislativo. Luego de la suerte de “pacto de convivencia” que firmaron el vicegobernador y Scioli en los últimos meses de 2012, la decisión del kirchnerismo de poner como prioridad en la agenda un proyecto de ley que dispone, entre otras cosas, la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar y hacer públicas sus declaraciones juradas, podría marcar un cambio de clima.

La iniciativa conocida como “ley de ética pública” estuvo cerca de llegar a tratarse el año pasado, pero finalmente quedó archivada. En líneas generales, obliga a todos los funcionarios públicos de la Provincia a presentar declaraciones juradas una vez al año, como ocurre en el orden nacional, y a permitir el acceso a su contenido a quienes lo soliciten.

Pero el debate que se instaló a principios del verano en torno al patrimonio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador Daniel Scioli la volvió a instalar en el centro de la escena.

La idea, según adelantó el propio Mariotto, es que el debate abra el año legislativo. “Queremos tratar en las primeras sesiones el proyecto de Ley de Ética Pública, para trasparentar las acciones de los funcionarios”, dijo el vicegobernador.

Mariotto intentó desvincular el proyecto a la polémica del verano. “Esto sale a la luz después de los dichos de Darín pero nosotros veníamos trabajando desde octubre. Yo fui funcionario nacional hasta 2011 y presenté año por año mi declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción. Cuando llegué a la Provincia quise entregarla y me encontré con la sorpresa de que no la presentaban”, dijo el titular del Senado.

Con esa decisión tomada y el visto bueno de la Casa Rosada para avanzar con este proyecto, Mariotto se reunió en los últimos días con el senador Ricardo Vázquez, del FAP, autor de la iniciativa, quien viene reclamando su tratamiento desde el año pasado.

El proyecto fue presentado en marzo de 2011 e ingresado a la Comisión de Trabajo y Legislación Social. La intención es abrir un debate conjunto en varias comisiones para que tenga pronto despacho y pueda llegar al recinto en marzo.

Se intenta “objetivar la moral de los funcionarios para que más allá de las propias convicciones, existan pautas mínimas comunes que comprendan a todos sin excepción”, fundamentó el senador del Gen.

La propuesta establece que todos los funcionarios o agentes de los tres Poderes del Estado provincial y municipal con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, presenten una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción en el cargo.

La declaración deberá ser actualizada una vez al año (actualmente rige el Decreto-Ley Nº 9624/80 que las estipula cada 5 años) y vuelta presentar con las modificaciones que se hayan producido, en los 30 días hábiles posteriores a la cesación en el cargo.