Legisladores bonaerenses de la oposición cargaron contra el gobierno de Daniel Scioli por el atraso con las empresas, que repercute en la calidad del servicio, dijeron.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Martín Ferré, recibió hace unos días a empresarios nucleados en la Asociación de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares y Afines (Abpscea). Los proveedores solicitaron la reunión para pedir “precisiones” con respecto a la cancelación de la deuda que mantiene la Provincia de Buenos Aires, y que asciende cinco meses.

La entidad había resuelto en julio del año pasado suspender la entrega de alimentos a comedores escolares por el atraso en los pagos. La deuda, en ese momento, ascendía a unos 50 millones de pesos, que el gobierno de Daniel Scioli canceló luego a través de la emisión de un bono. Y ahora, en el inicio de otro año crítico para las finanzas provinciales, los proveedores reclaman certezas sobre cómo será el esquema de pagos, aunque ya descuentan que nuevamente deberán aceptar bonos.

Para legisladores de la oposición, la situación actual del sector es de una gravedad tal que, plantean, la Provincia debería declarar la emergencia para los comedores y el transporte escolar, otro de los rubros que presta servicios al Estado golpeado por el corte en los pagos.

El pedido está contemplado en un proyecto de ley que presentó la senadora provincial María Isabel Gainza (Coalición Cívica), quien desde el año pasado viene denunciando junto a sus pares de Diputados la situación de emergencia en que se encuentra el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

La iniciativa pide que la Provincia declare por el término de 12 meses la emergencia en los comedores y el transporte escolar, además de autorizar al Ejecutivo a hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias para atender la deuda que mantiene con los proveedores de esos servicios y exigir el envío de un informe bimestral al Poder Legislativo sobre la ejecución de las partidas destinadas al SAE.

El proyecto se fundamenta en que el pedido de la declaración de emergencia surge “ante el deterioro inadmisible y persistente que se observa desde hace al menos cinco años, tanto en la calidad de las prestaciones brindadas como en su ubicación en las prioridades del gasto público, que ha llegado a normalizar su utilización como variable de ajuste”.

Gainza agrega que la gestión en esta materia está “signada por el atraso irregular de los pagos a proveedores. Ello a pesar de contar con partidas específicas asignadas para cada ejercicio presupuestario y la previsibilidad del gasto en cuestión”

“Que usen el Servicio Alimentario Escolar como variable de ajuste deriva en una baja en la cantidad, el valor nutricional y la calidad de los alimentos que consumen los chicos en los comedores, porque además hay que agregar el efecto de la inflación”, subrayó Gainza.

La legisladora alerta sobre las consecuencias que tiene, para un amplio sector de los proveedores, el mecanismo de pago en bonos, que la Provincia volvería a aplicar este año. “Algunas empresas grandes del Conurbano los pueden tomar porque tienen margen como para seguir prestando el servicio a pesar de cobrar de esa manera. Pero hay una enorme cantidad de empresas del interior de la Provincia, de pequeña escala, muchas de ellas familiares, que no pueden seguir entregando alimentos si se les adeudan cinco o seis meses”, señala.

La misma situación denunció, a principios de año, el diputado del FAP Abel Buil, quien reclamó a Scioli que cancelara la deuda que mantenía con proveedores alimentarios y de transporte escolar en muchos puntos del interior provincial.

“Además del pago a los comedores, la Provincia debe también transporte en lo que respecta a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A su vez, en algunos casos, como sucede en Roosevelt, una localidad del partido bonaerense de Rivadavia, se les debe el sueldo a los docentes de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto”, dijo.