El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires analiza, en una carrera contra reloj, un planteo de la Asociación de los Derechos Civiles (ADC) que sostiene que es inconstitucional la exclusión del padrón de electores condenados por diversos delitos y faltas.

En rigor, el tribunal viene llevando adelante una audiencia pública que padece un derrotero errático, ya que fue suspendida por razones formales hace cinco meses y sólo se reanudó la semana pasada.

El planteo de la ADC, que reconoce derechos electorales a condenados que hasta ahora carecen de ellos, cuenta con el aval del Fiscal General porteño, Germán Garavano.

En síntesis, se trata de declarar la inconstitucionalidad de varios puntos del Código Electoral mediante una acción declarativa que modifique las restricciones para la emisión del sufragio, que según la Constitución es “universal”.

“Esta ampliación de la base electoral se enmarca en el debate actual de enriquecimiento de la democracia a través de la extensión de voto a extranjeros y menores de entre 16 y 18 años de edad. La exclusión para el ejercicio de los derechos políticos agrava las penas de quienes están juzgados y no tiene relación con los objetivos del derecho penal de una sociedad democrática”, explicó la ADC.

Si bien el TSJ no tiene plazos establecidos para fallar, la expectativa está centrada en que lo haga rápidamente, para aplicar su decisión -en caso de que fuera positiva- en las elecciones de octubre próximo.