La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, parece haber quedado sola y expuesta en su iniciativa política para empujar a los jueces a pagar el impuesto a las Ganancias.

Tras el desaire de la Corte Suprema de Justicia y la declaración de un grupo numeroso de fiscales oponiéndose a tributar ese impuesto, ahora la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, también se corrió de la discusión.

Aún a sabiendas de que el Ministerio Público (defensores oficiales y fiscales) con un órgano extra poder, es decir que no dependen de la Justicia pese a que trabajan en ese ámbito, Martínez consideró que la cuestión del impuesto a las Ganancias debe resolverla la Corte y extender esa decisión a todos los satélites de la Justicia.

Más aún, Martínez se apresuró a reclamar que cualquier decisión que se emane de la Corte, se asegure previamente que no habrá “un descenso abrupto de los salarios del personal judicial”.

La jefa de los defensores oficiales, al contrario de Gils Carbó, mantiene una muy buena relación con la Corte, especialmente con las dos juezas del tribunal, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. En ese contexto, pareció ponerse del lado de los inferiores jerárquicos en lugar de hacerlo en sintonía con la iniciativa política que pide a los funcionarios judiciales pagar impuestos como cualquier asalariado en condiciones de hacerlo. “No voy a permitir es que mis defensores cobren menos que los jueces y fiscales”, dijo Martínez en un comunicado de prensa distribuido hace algunas horas.