Una empresa contratista del gobierno porteño será investigada por la Justicia Federal por presunta contaminación ambiental con asbesto (también conocido como amianto, aunque no es exactamente igual), el mismo material que fue denunciado como parte de los talleres protegidos del hospital Borda que fueron demolidos para construir allí un centro cívico.

La Cámara del Crimen resolvió que sea la jueza federal María Servini de Cubría quien quede a cargo de la investigación contra los titulares de la empresa Rentsur S.A, identificados en el expediente como Oscar Remigio Toledo, Héctor Silvio Paganini, Waldemar Arnaldo Mariño Domínguez y Alejandro Daniel Conde.

“Tras ganar en 2007 la licitación pública 103/05 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, habrían omitido adoptar todas las medidas de prevención, protección de la salud y seguridad para la población en general e inobservado los reglamentos y ordenanzas correspondientes, al remover las cubiertas de chapa de fibrocemento que contenían asbesto-amianto de las viviendas del Barrio Pte. Arturo Illia de esta ciudad”, sostiene la acusación.

“De ese modo habrían provocado el desprendimiento y liberación de fibras de asbesto, material contemplado en el Anexo I de la Ley de Residuos Peligrosos”, añade la documentación.

La causa estuvo trabada por un conflicto de competencia entre el Juez de Instrucción Manuel De Campos, subrogante del juzgado número 43, y la jueza Servini de Cubría.

La Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Marcelo Lucini y Mario Filozof, más la disidencia de Ricardo Pinto, determinó que “es el fuero federal el que debe entender en los delitos previstos y reprimidos en la ley 24.051 -residuos peligrosos-, ya que es el Estado Nacional quien debe velar por la protección del ambiente en cumplimiento de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales”.