La iniciativa modificaba las reglas de juego para el otorgamiento de préstamos a los empleados estatales.

El polémico proyecto que modificaba las reglas de juego para el otorgamiento de préstamos a los empleados estatales, no será transformado en ley en el Senado provincial. Así se lo aseguró a los sindicatos el vicegobernador, Gabriel Mariotto, durante un encuentro en el que los gremios volvieron a expresar su rechazo a la iniciativa sancionada hace algunos meses en la Cámara de Diputados.

La iniciativa impulsada por el camporista José Ottavis y su par Ricardo Lissalde, permitía intervenir en el mecanismo de descuentos sobre los sueldos a docentes y empleados públicos estatales, tanto a quienes están en actividad como a los jubilados.

Mediante una serie de modificaciones al régimen de deducción de haberes, el proyecto permite el ingreso de bancos y financieras al sistema provincial que efectúa préstamos a empleados activos y jubilados y aplica descuentos de cuotas en los recibos de sueldo.

Tras la reunión realizada en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense entre el bloque oficialista y las asociaciones sindicales como UPCN, ATE, Fegeppba y el Frente Gremial Docente, entre otros, los dirigentes sindicales anunciaron que dejaron sin efecto la movilización prevista al Senado ante el compromiso de Mariotto en el sentido de que no se avanzará con la cuestionada iniciativa.

Los sindicatos se habían declarado en alerta ante el proyecto que apunta a “limitar” el accionar de los gremios y “pretende legislar” sobre la cuota sindical que aportan los afiliados, y por ese motivo, entregaron un petitorio al ministro de Trabajo y habían reclamado una reunión con el gobernador Daniel Scioli.

En tanto, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, destacó el compromiso del bloque oficialista y de Mariotto de no avanzar en el proyecto. “Si bien técnicamente no puede ir a archivo, sí está el compromiso político de que no se va a avanzar sobre esto”.

El proyecto en cuestión, establecía un nuevo “régimen de deducción de haberes para el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero del personal” y fijaba un límite máximo al costo de los créditos otorgados por sindicatos, mutuales, cooperativas, obras sociales y entidades oficiales a través del mecanismo de código de descuento. Así, se elevaba de 20 a 30 por ciento el tope máximo posible de descontar de los haberes.