El ex Presidente Fernando De la Rúa quiere que el tribunal oral que lo juzga por las presuntas coimas en el Senado para aprobar en 2000 la ley de flexibilización laboral lo absuelva porque “el hecho no existió, y no porque no se pudo probar”.

De la Rúa sostiene sintéticamente que no faltó dinero de la SIDE. Por lo tanto no hubo pago y que no hubo incremento en el patrimonio de los senadores involucrados. Tampoco que no hubo motivo ni móvil para el soborno, porque sobraban los votos para aprobar la ley. Que el “arrepentido” ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, incurrió en más de 50 contradicciones y todo está recopilado en una carpeta que ofreció al Tribunal.

También asegura que no existió la reunión en la Casa de Gobierno (de hecho, en el libro de edecanes, que es donde se registran todos los encuentros que mantienen los Presidentes, no figura ninguna reunión); que la supuesta prueba de las llamadas telefónicas se desvaneció por las pericias técnicas realizadas a lo largo del proceso, y que con la desincriminación de Flamarique cayó, incluso para la Fiscalía, el relato de la Banelco.

No lo dijo durante el juicio, ni durante su alegato. Pero De la Rúa está convencido de que el juicio es una “operación” del ex jefe de Gabinete kirchnerista y hoy peronista opositor, Alberto Fernández.

Y que la versión de los sobornos fue una creación potenciada por el propio Frepaso, a través de los legisladores Darío Alessandro e Irma Parentella, quienes le habrían pedido a Flamarique que admitiera la veracidad de la versión para impulsar el juicio político contra De la Rúa y propiciar que Carlos “Chacho” Alvarez fuera Presidente.