Las diputadas Graciela Ocaña y Patricia Bullrich formularon un insólito pedido a la Justicia, a sabiendas de que no es allí donde deben exigirlo.

Mediante un escrito que incluso anunciaron a los medios de prensa vía e-mail, le reclamaron la semana pasada al juez federal Claudio Bonadio que el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pague de su propio bolsillo los pasajes de avión cada vez que sea convocado a comparecer en la causa en la que está procesado por “abuso de autoridad” por sancionar a medidoras privadas de la inflación.

Lo hicieron el mismo día en que Moreno asumió el compromiso de presentarse ante la Justicia cada vez que sea requerida su comparencia.

Mediante la firma de un documento, el nuevo funcionario diplomático se comprometió a que apenas el juez lo cite, él estará disponible y viajará las veces que sea necesario.

Pero Bonadio no puede -ni aunque quisiera- entrometerse en cómo hará Moreno para llegar a los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Y las legisladoras lo saben. Pese a ello, igualmente formularon el pedido, que será rechazado por “improcedente” por el magistrado.

Bullrich y Ocaña, además, anunciaron “un seguimiento de estas causas” para que los embargos dispuestos por el juez sobre sus bienes y dinero “sirvan para pagar las multas que la Corte Suprema de Justicia le ha impuesto”. Otro disparate: los embargos son “preventivos” y no tienen por finalidad confiscar anticipadamente el dinero de un imputado para hacer frente a gastos a los cuales no fue condenado.

Dos pasos en falso que sólo pueden explicarse en una irrefrenable vocación por aparecer en las noticias, aún a riesgo de efectuar presentaciones judiciales sin sustento jurídico alguno.