La Comisión Provincial por la Memoria, un organismo defensor de los derechos humanos del cual participa el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, emitió un comunicado “ante los episodios de violencia generados por el accionar de la corporación policial”.

El texto instó “al gobierno nacional y los gobiernos provinciales a convocar a un profundo debate y generar las acciones para la necesaria democratización de las fuerzas de seguridad”. Y advirtió: “el reclamo por las condiciones laborales no puede convalidar prácticas extorsivas que se amparen en la función pública que los agentes desempeñan. Al mismo tiempo resulta inadmisible que pretenda incluirse en los reclamos los pedidos de impunidad para los policías y penitenciarios denunciados en causas penales por torturas y otros delitos gravísimos”.

Según el organismo, “lo ocurrido en estos días, con al menos 12 muertos, pone en primer plano la responsabilidad de los distintos poderes del Estado en la construcción de una institución policial orientada al control territorial de los sectores pobres y a la gestión de los mercados delictivos”. Al mismo tiempo señala “las nefastas consecuencias que pueden tener la profundización de discursos de mano dura y guerra contra el crimen por parte de distintos sectores de la dirigencia política y social y de los medios de comunicación, que han contribuido a la consolidación del poder autónomo de las fuerzas policiales y a la proliferación de prácticas violentas”.

El documento avanza sobre una cuestión central en el debate a futuro: “más delegación, más poder de fuego, más demagogia punitiva representan más violencia policial y mejores condiciones para posibles acciones extorsivas y desestabilizadoras. En la defensa de la democracia, lo trágicamente expuesto en estos días nos confirma una vez más la relevancia de una de las deudas pendientes de estos 30 años: la transformación estructural de las fuerzas policiales en el marco de una concepción de seguridad democrática que tenga como objetivo central garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de todas y todos los habitantes de nuestro país”.

“Es posible hacerlo: sólo se necesita la decisión política de todos los sectores democráticos para avanzar en este sentido”, resume el documento.