La Cámara de Casación Penal anuló la “prescripción” para un directivo de la curtiembre Yoma acusado de “aprovechamiento indebido de subsidios” a través de la percepción de “créditos fiscales inexistentes”.

La medida recayó sobre Rubén Darío Ortiz y, en lo concreto, implica “anular la decisión debiendo devolverse al Tribunal de origen para que dicte una nueva conforme a los lineamientos de la presente”, es decir, continuar con la investigación.

La Sala Primera del máximo tribunal penal del país, con los votos de los jueces Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral, más la disidencia de Ana María Figueroa, dispuso la reapertura de una causa que se inició en mayo de 1998 por denuncia de los entonces diputados del Frepaso Marcelo Vensentini y Darío Alessandro.

La denuncia reclamaba que “se investigue si Yoma SA habría obtenido reintegros impositivos del Impuesto al Valor Agregado en forma fraudulenta por las operaciones de exportación que realizara”.