El juez de Instrucción penal porteño Luis Zelaya fue denunciado por sus superiores jerárquicos, los jueces de la Cámara del Crimen, ante el Consejo de la Magistratura, por su presunta inacción en una causa en la que se investiga la supuesta aplicación de tormentos de efectivos de la Policía Federal a un ciudadano uruguayo.

Se trata de un caso ocurrido en 1988, en el que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de las torturas denunciadas por Juan Francisco Bueno Alves.

“A principios de 1988 Bueno Alves, uruguayo residente en Argentina, de 43 años y artesano marmolero de profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria con la señora Norma Lage, operación que finalmente se frustró», lo que derivó en juicios cruzados entre ambos.

Bueno Alves tenía como abogado a Carlos Alberto Pérez Galindo, quien por entonces defendía a un acusado por el secuestro y posterior homicidio del empresario Osvaldo Sivak.

El 5 de abril de 1988, ambos fueron detenidos “por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina. Bueno Alves fue objeto de torturas consistentes en golpes con la mano ahuecada en los oídos, mientras se encontraba en sede policial la madrugada del 6 de abril de 1988, a fin de que declarase contra sí mismo y su abogado, lo cual fue puesto en conocimiento del juez de la causa”, explica el fallo de la Corte Interamericana.

En 1993, la causa pasó a manos del juez Zelaya, quien “tras examinar las constancias de la causa decidió revocar la prisión preventiva y dictar el sobreseimiento provisional de los imputados, que luego se transformó en definitivo por haber prescripto la acción penal».

Zelaya, además, fue apartado de la investigación contra los policías acusados de haber torturado a Bueno Alves.

La causa está ahora en manos de la jueza subrogante Guillermina Martínez, quien la semana pasada dispuso la prisión preventiva del ex comisario René Derecho, a quien Bueno Alves identificó como uno de sus agresores.

La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, en un fallo firmado por los jueces Carlos Alberto González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, remitió los antecedentes de la actuación de Zelaya al Consejo de la Magistratura.