La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza sancionaría el proyecto de ley de seguridad pública, y el Senado lo completaría el próximo martes.

La iniciativa tuvo origen en expresiones del vicegobernador Carlos Ciurca, quien afirmara que la provincia de Mendoza necesitaba declararse en situación de emergencia en la seguridad pública, luego del asesinato del turista neocelandés, Nicholás Heyward, baleado en el parque General San Martín para robarle una mochila.

Casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria (menos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) realizaron propuestas.

El peronista Fernando Simón explicó: “Podemos aceptar algunos de los requerimientos del radicalismo, pero no vamos a darles rienda suelta a las chicanas”.

Por su parte, el macrista Gustavo Cairo advirtió que “no vamos a permitirle al Gobierno un cheque en blanco administrativo”.

La cuestión de fondo es si el gobernador podrá tener “superpoderes”, como en anteriores ocasiones en que se declaró la emergencia. Por ejemplo, para que el Poder Ejecutivo pueda realizar compras directas sin un proceso licitatorio. En ello coinciden el PRO y la UCR. El PJ, en tanto, acepta que sea de esta manera.