La Cámara Federal porteña reabrió una investigación por un convenio entre la Armada Argentina y una empresa de mantenimiento de aviones que realizó defectuosos trabajos de reparación de los parantes de los trenes de aterrizaje de dos aeronaves, generando “peligro para la seguridad de la aeronavegación”.

La Sala Segunda de la Cámara revocó, a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli, el archivo de la causa dispuesto por el juez federal Claudio Bonadio, a raíz de “la celebración de un convenio entre la Armada Argentina y la empresa Aerotest Rida SA”.

Aerotest Rida “brindaba servicio de mantenimiento de aeronaves en el taller Aeronaval ubicado en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, estando autorizada a prestar trabajos para la Fuerza y a terceros abonando un porcentaje de las ganancias a la Armada”.

Pero la investigación detectó que “que personal civil de ese cuerpo militar forma parte de la mencionada Sociedad”, que prestaba servicios con contratos renovados sucesivamente desde el año 2001, por lo que según se desprende del expediente, “se sospecha de la adopción de un interés ajeno al de la administración pública”.

Además, en la causa fueron detectados “trabajos sobre los parantes de los trenes de aterrizajes de dos aeronaves, en cuya ejecución no se habrían seguido los procedimientos indicados por el fabricante, así como su inadecuada supervisión por parte de la Armada, y las consecuencias que ello generó tanto en la vida útil de los componentes de los aviones, como el peligro que se generó para la seguridad de la aeronavegación”.

Según los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, además de las supuestas falencias en las reparaciones, existía “superposición de horarios y tareas” entre los agentes estatales que, al mismo tiempo, trabajaban para la empresa privada contratada.

Por ello, el tribunal ordenó avanzar en la investigación para determinar si “el personal que cumplía dedicación exclusiva en la Fuerza -según consta en sus legajos-, formaba parte de la empresa y además era el encargado de la fiscalización del contrato con la mentada sociedad”.